El artículo analiza qué tipo de regionalización es necesaria en México para avanzar hacia la sustentabilidad territorial a partir de la gestión de los bienes comunes. Frente a problemáticas persistentes como el deterioro acelerado de ecosistemas estratégicos, la sobreexplotación de los recursos hídricos, la expansión urbana desregulada, la fragmentación del territorio y la creciente desigualdad socioambiental, se sostiene que las regionalizaciones político-administrativas y económicas predominantes resultan insuficientes para enfrentar dinámicas socioambientales complejas. Estas limitaciones derivan, en gran medida, de la escasa correspondencia entre las regiones formales de gobierno y las regiones funcionales donde efectivamente operan los bienes comunes territoriales, como cuencas hidrológicas, sistemas ecológicos o corredores urbanos-rurales. Desde un enfoque institucional, inspirado en los aportes de Elinor Ostrom, el artículo propone concebir la región no únicamente como una delimitación espacial, sino como una unidad institucional de acción colectiva. En esta perspectiva, la región se define por la existencia de recursos compartidos, reglas de uso legítimas, actores organizados y arreglos de gobernanza capaces de sostener la cooperación en el tiempo. Este enfoque permite desplazar el análisis desde la escala administrativa hacia la capacidad efectiva de coordinación entre actores públicos, privados y comunitarios en torno al uso y preservación de recursos estratégicos. El trabajo combina un análisis conceptual con evidencia empírica relativa a la gestión del agua, el uso del suelo, la expansión urbana y el manejo de ecosistemas en distintas regiones del país. Los hallazgos muestran patrones persistentes de fragmentación institucional, superposición de competencias y fallas de coordinación intergubernamental, que debilitan la acción colectiva y limitan la eficacia de las políticas territoriales. Estas dinámicas favorecen tanto la sobreexplotación de los bienes comunes como la reproducción de desigualdades socioambientales entre regiones y grupos sociales. Como propuesta analítica, se plantea avanzar hacia una regionalización funcional e institucional basada en bienes comunes territoriales, articulada mediante esquemas de gobernanza policéntrica y multinivel. Esto implica reconocer la diversidad de arreglos comunitarios existentes, fortalecer capacidades regionales vinculantes y generar mecanismos de coordinación que trasciendan las fronteras administrativas tradicionales. Se concluye que fortalecer regiones funcionales como unidades institucionales de acción colectiva constituye una condición necesaria para reorientar la política territorial y promover trayectorias de desarrollo regional sustentable en México.
